Normas Aplicables

Normas actualmente Aplicables en la conciliación en materia de Accidentes de Tránsito

En la actualidad las normas rectoras de la conciliación en materia de Tránsito son la Ley 640 de 2011, la Ley 769 de 2002 y la Ley 906 de 2004.

El Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002 no establece un procedimiento especial conciliatorio, aunque en el artículo 143 denomina impropiamente un posible contrato de transacción suscrito por las partes frente a la autoridad de tránsito, con el nombre acta de conciliación; la verdadera conciliación la remite a los centros de conciliación, de acuerdo con la Ley 640 de 2011.

El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004 consagra la conciliación como un mecanismo de justicia restaurativa (artículo 521) y la prescribe en dos eventos: en desarrollo del incidente de reparación integral (artículo 103), y como etapa pre procesal (artículo 522).

Es conveniente aclarar que en materia de tránsito las multas derivadas de la infracción a las normas no son conciliables, tal como lo conceptuó el Ministerio del Interior y de Justicia, pues las infracciones al Código Nacional de Tránsito no son asuntos susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación.

Como dice la Corte Constitucional, las multas en tránsito hacen parte de la potestad administrativa sancionadora correccional en razón de la protección que para los intereses públicos generales representa la educación y la seguridad vial. Por ello, el control de las decisiones tomadas por la autoridad de tránsito radica en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativa por ser controversias originadas en la actividad de las entidades públicas.

Además, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos y atendiendo a la doctrina de la Corte, en las contravenciones que adelantan los inspectores de tránsito no hay partes que tengan intereses opuestos, lo pretendido no es resolver un conflicto surgido entre dos o más personas y la administración no actúa como un árbitro o juez que dirime la controversia. Es simplemente la administración frente al administrado que ha desconocido una norma de conducta.

Sumado a lo anterior, si tenemos en cuenta que la decisión que toma la autoridad de tránsito en las contravenciones por infracciones al Código Nacional de Tránsito, entendida como la imposición de la multa, son actos administrativos, dicho asunto no es conciliable como en reiteradas oportunidades lo ha establecido la Corte Constitucional.